Por nuestra caja jubilatoria
El gobierno de Scioli ya sacó cerca de $1.800 millones de nuestro Instituto de Previsión Social (IPS) para paliar su crisis y financiar su déficit provincial. En otras palabras, esto es meternos las manos en los bolsillos, ya que la jubilación es parte de nuestro salario. ¿O acaso los docentes podemos “pedir prestado” parte de los jugosos sueldos de los funcionarios para reparar escuelas, o alimentarnos? No sólo posee el gobierno el poder de legitimar el contrabando desde las cámaras congresales, sino que cuentan, además, con una aliado fundamental: la burocracia sindical. En primera instancia, la conducción Celeste tildó de “alarmistas” a los docentes que denunciábamos desde hacía tiempo este atropello. Luego, ante la fuerza de los hechos, no tuvo más que reconocerlo -a destiempo-, pero no ha activado una lucha concreta y seria para impedir el uso de nuestros fondos. Tan sólo ha impulsado, durante este año, un petitorio. Lo que hizo Scioli en Bs.As. es muy similar a lo que hace el Kirchnerísmo a nivel nacional con la ANSeS: toma dinero directamente de los bolillos de los trabajadores para subsidiar a empresas, pagar “las obligaciones eternas”, “enfrentar la crisis”, etc. De este modo, cargan el costo de su crisis sobre la espalda de los trabajadores. Ante este nuevo atropello, que sigue en marcha, reclamamos la derogación del convenio 400 entre Nación y Provincia, que abre la posibilidad, en el marco de la “armonización”, de modificar nocivamente nuestro régimen jubilatorio. No permitamos que el gobierno use a discreción nuestros aportes. Defendamos el salario y nuestro derecho a una jubilación digna.
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EL Superávit del IPS es de los Trabajadores y Jubilados
Ingresó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para dejar sin efecto el convenio Nº 400, firmado entre el gobierno bonaerense y el Gobierno nacional en el 2004, a través del cual la provincia de compromete a armonizar las jubilaciones y pensiones con el régimen nacional.
El 12 de octubre de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner y el también entonces gobernador Felipe Solá, firmaron el convenio 400 a través del cuál, apoyado en la Ley macro 23.235, se define que “El Estado Nacional asume el compromiso de financiar el déficit de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los déficit que registren los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”. Aunque el mismo artículo de la ley nacional establece que “las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias”, luego aclara que en caso de desear suscribirse a la cobertura de déficit de la Nación , estas provincias “armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. Cabe destacar que el convenio de referencia no fue tratado por la Legislatura bonaerense por lo cual existe la polémica sobre su vigencia legal, lo cierto es que a partir de este convenio, la provincia espera recibir unos 500 millones de pesos destinado a cubrir déficit del sistema provisional, según se consigna en el presupuesto sancionado por la legislatura.
Tal como lo adelantaron la pasada semana, los legisladores de la CC, ingresaron hoy el proyecto que deroga el decreto Nº 400, acto realizado por el senador José M. Zingoni.
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Los 1.500 millones que desaparecieron de la jubilación bonaerense
En 2004, Néstor Kirchner y Felipe Solá firmaron un convenio para que la Nación costee el déficit del sistema jubilatorio provincial basado en una falsedad porque el sistema es superavitario. Igual, el Estado nacional hizo figurar que giraba a la provincia más de 1.500 millones, cuyo destino se desconoce. Porqué los jubilados bonarenses pueden perder la movilidad.
Desde 2004 al día de la fecha, el gobierno nacional envió directamente desde el Anses a la provincia de Buenos Aires la escalofriante suma de 1.500 millones de pesos con el objeto de cubrir el déficit del sistema previsional de la provincia. Déficit que no existe. El destino de esos millones es totalmente desconocido.
El traspaso de fondos fue estipulado entre el ex presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Felipe Solá cuando ambos ocupaban sus cargos ejecutivos, allá por fines de 2004. En un marco de absoluta falsedad, el gobierno bonaerense dispuso que la Nación cubriría el déficit del sistema jubilatorio provincial, pero disimulando que ese mismo año el superávit de la caja previsional bonaerense había dado un superávit superior a los 109 millones de pesos, suma que se mantuvo en ascenso y llegó a los 509 millones el año pasado, en 2007.
Pero, pese a que el sistema previsional dio a lo largo de esos años un superávit en ascenso, el gobierno de Kirchner envió año tras años la suma correspondiente a cubrir un déficit imaginario. Esa suma alcanzó un total, entre 2004 y 2007, de 1.500 millones de pesos. ¿Pero, si no tuvieron que cubrir ningún déficit, a dónde fueron esos millones? Es la gran incógnita entre los que hoy manejan las cajas previsionales de la provincia. La otra gran pregunta es tratar de entender por qué el Tesoro nacional se desprende de esa millonada sin obtener nada a cambio y sin un destino fijo, pero esa tal vez sí tenga respuesta. El objetivo, el sueño de la Nación sería quedarse con el control de las cajas previsionales de la provincia que arrojan un superávit anual superior a los 500 millones de pesos.
El marco legal
La ley 25.235 sancionada el 15 de diciembre de 1999 bajo la gestión presidencial de Fernando de la Rúa establece -entre varios aspectos de distintos acuerdos económicos entre la Nación y las provincias- en su artículo 12º que “el Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales”.
El 12 de octubre de 2004, el entonces presidente Kirchner y el también entonces gobernador Solá firmaron el convenio 400 por el cual, y apoyados en la Ley macro 23.235, definen que “El Estado Nacional asume el compromiso de financiar el déficit de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los déficit que registren los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”.
“La provincia, para firmar este convenio, aduce déficit pero no lo tiene. Para firmarlo necesitaba tener un déficit que lo justifique. Lo cierto es que el gobernador lo firmó falseando la situación real” explicó a La Política Online Miguel Pouso, titular de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) y uno de los hombres que más de cerca siguió este entramado. Tanto, que se convirtió en fuente de información de los diputados y senadores provinciales que pusieron el ojo sobre este asunto.
Aunque el mismo artículo de la Ley nacional establece que “las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias”, luego aclara que en caso de desear suscribirse a la cobertura de déficit de la Nación, hecho que sellaron Solá y Kirchner, estas provincias “armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”.
Pouso explica esto: “Armonizar significa adecuarlo al sistema nacional, modificarlo adecuándolo a las pautas o características que tiene el sistema nacional. ¿Cómo se traduce esto en hechos? Muy fácil, vamos a perder todos nuestros beneficios como jubilados de la provincia”. “Los jubilados provinciales vamos a perder muchas cosas, entre ellas, la movilidad –continúa profundizando Pouso-. En la provincia la movilidad es automática y es en función del sueldo del activo. Va del 70 a un 82 por ciento del activo. Si mañana al trabajador que ocupa el mismo cargo con el que me retiré le suben el sueldo, a mi me aumentan automáticamente. En la Nación esto no existe, incluso la Corte lo ha solicitado pero sólo da aumentos cuando ellos lo disponen”.
A su vez, temen por los años: “En la Nación son 65 los años para jubilarse mientras que aquí son 60”. El otro punto es la reciprocidad porque “si alguien trabajó 20 años en la provincia y 10 bajo el sistema del Anses, por dar un ejemplo, le pagan la jubilación entera bajo el sistema provincial. Eso también lo quieren modificar. Entonces tendrías una jubilación en la provincia, otra en Córdoba y una en cada lugar que hayas trabajado y con los regímenes de cada uno de esos lugares”.
Jubilaciones bonaerenses
Actualmente, el sistema previsional de la provincia está conformado por tres cajas metidas en este convenio 400: la caja más grande, el IPS, abarca a todos los empleados públicos provinciales y municipales: magisterio, médicos, servicio penitenciario, administración central, etcétera; la Policía, que abarca completo el espectro de esta fuerza de seguridad incluídos oficiales y suboficiales; y por último están los empleados del Banco Provincia, que tiene su caja propia.
La caja de IPS está integrada por aproximadamente 700 mil personas, la Policía unas 60 mil y en la del Bapro otras 20 mil. “IPS tiene un superávit, entre lo que recauda de sus aportantes y lo que paga a sus jubilados, de 590 millones de pesos. La cuenta de la Policía está equilibrada, no da ganancia ni pérdida. Anduvo un poco mal, pero con la incorporación de la Policía 2 se equilibró. La única que tiene déficit es el Banco Provincia, de aproximadamente unos 30 millones al año. El sistema en total da un superávit tremendo”, detalla Pouso.
Al conocer estas cifras se entiende perfectamente el interés nacional en cooptar las cajas previsionales de la provincia. El superávit del IPS –o el “Instituto”, como lo llama Pouso y todos en tierras bonaerenses- arrojaron las siguiente cifras: En 2004, 109,4 millones; en 2005, 217,8 millones; en 2006, 506,6 millones; y en 2007, 590 millones. Esto da un total de 1.423,8 millones de pesos, suma similar a la que envió el Estado nacional con destino incierto. Pero esto no es todo. Como si hiciera falta algo más para demostrar la solidez de las cajas previsionales bonaerenses que Solá obvió para firmar el convenio con Kirchner, basta un dato no menor: además de todo, el IPS es acreedor de la provincia de Buenos Aires. Según datos obtenidos por La Política Online, el saldo a favor del IPS por sumas “prestadas” al gobierno provincial era de 328,9 millones de pesos en letras de la tesorería en 2004, y siguió en ascenso: 368,5 en 2005, 479,7 en 2006 y 488,4 en 2007. “No sólo no tiene déficit el Instituto sino que es acreedor de la provincia por 490 millones de pesos el letras de la tesorería. Es decir, no solamente da un superávit de 590 millones sino que además le presta plata a la provincia. Entonces, este convenio de Solá es un absurdo. Pedir plata para pagarle a los jubilados es una mentira”, explico Pouso a este medio.
“El sistema tiene 59 años y siempre fue un sistema sólido” opinó después. Y concluye: “El coeficiente provisional, que es la diferencia entre los que aportan y los jubilados, el promedio en el Instituto da 3,5 aportantes por cada jubilado, en la caja de policía da 2,6 mientras que en el Banco provincia, el único deficitario, está en 0,9 aportante por cada jubilado”.
¿Y los 1.500 millones?
Según fuentes provinciales, los fondos que envió el gobierno salieron directamente de la caja del Anses. Sin embargo, no figuran ingresados en ninguna de las cajas, ni el IPS, ni la Policía ni la del Banco Provincia. “Los fondos, según el propio Sergio Massa, los mandaba directamente el Anses, lo que significa que los jubilados nacionales nos están mandando los fondos a nosotros, un disparate total porque desfinancian el sistema jubilatorio nacional. ¿A dónde van? Al Instituto no, van a rentas generales. De ahí en adelante, su destino es incierto”, afirmó Pouso.
En lo mismo concuerda el senador provincial de la Coalición Cívica, Luís Malagamba. "Han ingresado a la Provincia aproximadamente 1.500 millones de pesos, que debieron haber ingresado al sistema provisional y nunca ingresaron”, dijo a La Política Online. Lo único que hay son rumores. Uno de ellos es que financiaron la creación de la Policía 2 creada por el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián. Pero nada comprobado.
Tan oculto está el traspado de esos millones que el convenio nunca fue girado a la Cámara. Es decir, se tratade un convenio entre dos estados, el provincial y el nacional, que nunca pasó por la Legislatura de la provincia. La situación incluso fue denunciada ante el Parlamento bonaerense, quien le pidió expresamente al gobernador Solá que lo envíe. Pero nunca lo mandó.
Fdo. Nicolás Fiorentino
El gobierno de Scioli ya sacó cerca de $1.800 millones de nuestro Instituto de Previsión Social (IPS) para paliar su crisis y financiar su déficit provincial. En otras palabras, esto es meternos las manos en los bolsillos, ya que la jubilación es parte de nuestro salario. ¿O acaso los docentes podemos “pedir prestado” parte de los jugosos sueldos de los funcionarios para reparar escuelas, o alimentarnos? No sólo posee el gobierno el poder de legitimar el contrabando desde las cámaras congresales, sino que cuentan, además, con una aliado fundamental: la burocracia sindical. En primera instancia, la conducción Celeste tildó de “alarmistas” a los docentes que denunciábamos desde hacía tiempo este atropello. Luego, ante la fuerza de los hechos, no tuvo más que reconocerlo -a destiempo-, pero no ha activado una lucha concreta y seria para impedir el uso de nuestros fondos. Tan sólo ha impulsado, durante este año, un petitorio. Lo que hizo Scioli en Bs.As. es muy similar a lo que hace el Kirchnerísmo a nivel nacional con la ANSeS: toma dinero directamente de los bolillos de los trabajadores para subsidiar a empresas, pagar “las obligaciones eternas”, “enfrentar la crisis”, etc. De este modo, cargan el costo de su crisis sobre la espalda de los trabajadores. Ante este nuevo atropello, que sigue en marcha, reclamamos la derogación del convenio 400 entre Nación y Provincia, que abre la posibilidad, en el marco de la “armonización”, de modificar nocivamente nuestro régimen jubilatorio. No permitamos que el gobierno use a discreción nuestros aportes. Defendamos el salario y nuestro derecho a una jubilación digna.
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EL Superávit del IPS es de los Trabajadores y Jubilados
Nuevamente mediante la ley de presupuesto 2009 el Gobernador Scioli pretende disponer de los fondos excedentes del IPS para financiar al Estado Provincial. Tomando el presupuesto consolidado (es decir el resultado efectivo del ejercicio 2009) de los organismos de Seguridad Social aumenta los recursos disponibles para el 2009, con lo que los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales quedan disponibles para que el ejecutivo los "tome prestados".
Como los propios funcionarios de Hacienda reconocen en declaraciones periodísticas: "con la consolidación no le será más fácil a
Esto significa que cuando algún funcionario requiera fondos del superávit del IPS deberá solicitárselos a Economía para que emita una letra de deuda, y el estado se financiará a costa del salario diferido que acumula nuestra caja. Como hemos sostenido durante la masiva lucha que este año obligó al Poder Ejecutivo Provincial a retirar el proyecto por el cual legalizaba la apropiación de los fondos excedentes de nuestra caja previsional, el IPS y sus recursos son de los trabajadores activos y pasivos, por lo que lucharemos firmemente para que este nuevo intento no pase.
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Ingresó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para dejar sin efecto el convenio Nº 400, firmado entre el gobierno bonaerense y el Gobierno nacional en el 2004, a través del cual la provincia de compromete a armonizar las jubilaciones y pensiones con el régimen nacional.
El 12 de octubre de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner y el también entonces gobernador Felipe Solá, firmaron el convenio 400 a través del cuál, apoyado en la Ley macro 23.235, se define que “El Estado Nacional asume el compromiso de financiar el déficit de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los déficit que registren los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”. Aunque el mismo artículo de la ley nacional establece que “las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias”, luego aclara que en caso de desear suscribirse a la cobertura de déficit de la Nación , estas provincias “armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. Cabe destacar que el convenio de referencia no fue tratado por la Legislatura bonaerense por lo cual existe la polémica sobre su vigencia legal, lo cierto es que a partir de este convenio, la provincia espera recibir unos 500 millones de pesos destinado a cubrir déficit del sistema provisional, según se consigna en el presupuesto sancionado por la legislatura.
Tal como lo adelantaron la pasada semana, los legisladores de la CC, ingresaron hoy el proyecto que deroga el decreto Nº 400, acto realizado por el senador José M. Zingoni.
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Los 1.500 millones que desaparecieron de la jubilación bonaerense
En 2004, Néstor Kirchner y Felipe Solá firmaron un convenio para que la Nación costee el déficit del sistema jubilatorio provincial basado en una falsedad porque el sistema es superavitario. Igual, el Estado nacional hizo figurar que giraba a la provincia más de 1.500 millones, cuyo destino se desconoce. Porqué los jubilados bonarenses pueden perder la movilidad.
Desde 2004 al día de la fecha, el gobierno nacional envió directamente desde el Anses a la provincia de Buenos Aires la escalofriante suma de 1.500 millones de pesos con el objeto de cubrir el déficit del sistema previsional de la provincia. Déficit que no existe. El destino de esos millones es totalmente desconocido.
El traspaso de fondos fue estipulado entre el ex presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Felipe Solá cuando ambos ocupaban sus cargos ejecutivos, allá por fines de 2004. En un marco de absoluta falsedad, el gobierno bonaerense dispuso que la Nación cubriría el déficit del sistema jubilatorio provincial, pero disimulando que ese mismo año el superávit de la caja previsional bonaerense había dado un superávit superior a los 109 millones de pesos, suma que se mantuvo en ascenso y llegó a los 509 millones el año pasado, en 2007.
Pero, pese a que el sistema previsional dio a lo largo de esos años un superávit en ascenso, el gobierno de Kirchner envió año tras años la suma correspondiente a cubrir un déficit imaginario. Esa suma alcanzó un total, entre 2004 y 2007, de 1.500 millones de pesos. ¿Pero, si no tuvieron que cubrir ningún déficit, a dónde fueron esos millones? Es la gran incógnita entre los que hoy manejan las cajas previsionales de la provincia. La otra gran pregunta es tratar de entender por qué el Tesoro nacional se desprende de esa millonada sin obtener nada a cambio y sin un destino fijo, pero esa tal vez sí tenga respuesta. El objetivo, el sueño de la Nación sería quedarse con el control de las cajas previsionales de la provincia que arrojan un superávit anual superior a los 500 millones de pesos.
El marco legal
La ley 25.235 sancionada el 15 de diciembre de 1999 bajo la gestión presidencial de Fernando de la Rúa establece -entre varios aspectos de distintos acuerdos económicos entre la Nación y las provincias- en su artículo 12º que “el Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales”.
El 12 de octubre de 2004, el entonces presidente Kirchner y el también entonces gobernador Solá firmaron el convenio 400 por el cual, y apoyados en la Ley macro 23.235, definen que “El Estado Nacional asume el compromiso de financiar el déficit de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los déficit que registren los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”.
“La provincia, para firmar este convenio, aduce déficit pero no lo tiene. Para firmarlo necesitaba tener un déficit que lo justifique. Lo cierto es que el gobernador lo firmó falseando la situación real” explicó a La Política Online Miguel Pouso, titular de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) y uno de los hombres que más de cerca siguió este entramado. Tanto, que se convirtió en fuente de información de los diputados y senadores provinciales que pusieron el ojo sobre este asunto.
Aunque el mismo artículo de la Ley nacional establece que “las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias”, luego aclara que en caso de desear suscribirse a la cobertura de déficit de la Nación, hecho que sellaron Solá y Kirchner, estas provincias “armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”.
Pouso explica esto: “Armonizar significa adecuarlo al sistema nacional, modificarlo adecuándolo a las pautas o características que tiene el sistema nacional. ¿Cómo se traduce esto en hechos? Muy fácil, vamos a perder todos nuestros beneficios como jubilados de la provincia”. “Los jubilados provinciales vamos a perder muchas cosas, entre ellas, la movilidad –continúa profundizando Pouso-. En la provincia la movilidad es automática y es en función del sueldo del activo. Va del 70 a un 82 por ciento del activo. Si mañana al trabajador que ocupa el mismo cargo con el que me retiré le suben el sueldo, a mi me aumentan automáticamente. En la Nación esto no existe, incluso la Corte lo ha solicitado pero sólo da aumentos cuando ellos lo disponen”.
A su vez, temen por los años: “En la Nación son 65 los años para jubilarse mientras que aquí son 60”. El otro punto es la reciprocidad porque “si alguien trabajó 20 años en la provincia y 10 bajo el sistema del Anses, por dar un ejemplo, le pagan la jubilación entera bajo el sistema provincial. Eso también lo quieren modificar. Entonces tendrías una jubilación en la provincia, otra en Córdoba y una en cada lugar que hayas trabajado y con los regímenes de cada uno de esos lugares”.
Jubilaciones bonaerenses
Actualmente, el sistema previsional de la provincia está conformado por tres cajas metidas en este convenio 400: la caja más grande, el IPS, abarca a todos los empleados públicos provinciales y municipales: magisterio, médicos, servicio penitenciario, administración central, etcétera; la Policía, que abarca completo el espectro de esta fuerza de seguridad incluídos oficiales y suboficiales; y por último están los empleados del Banco Provincia, que tiene su caja propia.
La caja de IPS está integrada por aproximadamente 700 mil personas, la Policía unas 60 mil y en la del Bapro otras 20 mil. “IPS tiene un superávit, entre lo que recauda de sus aportantes y lo que paga a sus jubilados, de 590 millones de pesos. La cuenta de la Policía está equilibrada, no da ganancia ni pérdida. Anduvo un poco mal, pero con la incorporación de la Policía 2 se equilibró. La única que tiene déficit es el Banco Provincia, de aproximadamente unos 30 millones al año. El sistema en total da un superávit tremendo”, detalla Pouso.
Al conocer estas cifras se entiende perfectamente el interés nacional en cooptar las cajas previsionales de la provincia. El superávit del IPS –o el “Instituto”, como lo llama Pouso y todos en tierras bonaerenses- arrojaron las siguiente cifras: En 2004, 109,4 millones; en 2005, 217,8 millones; en 2006, 506,6 millones; y en 2007, 590 millones. Esto da un total de 1.423,8 millones de pesos, suma similar a la que envió el Estado nacional con destino incierto. Pero esto no es todo. Como si hiciera falta algo más para demostrar la solidez de las cajas previsionales bonaerenses que Solá obvió para firmar el convenio con Kirchner, basta un dato no menor: además de todo, el IPS es acreedor de la provincia de Buenos Aires. Según datos obtenidos por La Política Online, el saldo a favor del IPS por sumas “prestadas” al gobierno provincial era de 328,9 millones de pesos en letras de la tesorería en 2004, y siguió en ascenso: 368,5 en 2005, 479,7 en 2006 y 488,4 en 2007. “No sólo no tiene déficit el Instituto sino que es acreedor de la provincia por 490 millones de pesos el letras de la tesorería. Es decir, no solamente da un superávit de 590 millones sino que además le presta plata a la provincia. Entonces, este convenio de Solá es un absurdo. Pedir plata para pagarle a los jubilados es una mentira”, explico Pouso a este medio.
“El sistema tiene 59 años y siempre fue un sistema sólido” opinó después. Y concluye: “El coeficiente provisional, que es la diferencia entre los que aportan y los jubilados, el promedio en el Instituto da 3,5 aportantes por cada jubilado, en la caja de policía da 2,6 mientras que en el Banco provincia, el único deficitario, está en 0,9 aportante por cada jubilado”.
¿Y los 1.500 millones?
Según fuentes provinciales, los fondos que envió el gobierno salieron directamente de la caja del Anses. Sin embargo, no figuran ingresados en ninguna de las cajas, ni el IPS, ni la Policía ni la del Banco Provincia. “Los fondos, según el propio Sergio Massa, los mandaba directamente el Anses, lo que significa que los jubilados nacionales nos están mandando los fondos a nosotros, un disparate total porque desfinancian el sistema jubilatorio nacional. ¿A dónde van? Al Instituto no, van a rentas generales. De ahí en adelante, su destino es incierto”, afirmó Pouso.
En lo mismo concuerda el senador provincial de la Coalición Cívica, Luís Malagamba. "Han ingresado a la Provincia aproximadamente 1.500 millones de pesos, que debieron haber ingresado al sistema provisional y nunca ingresaron”, dijo a La Política Online. Lo único que hay son rumores. Uno de ellos es que financiaron la creación de la Policía 2 creada por el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián. Pero nada comprobado.
Tan oculto está el traspado de esos millones que el convenio nunca fue girado a la Cámara. Es decir, se tratade un convenio entre dos estados, el provincial y el nacional, que nunca pasó por la Legislatura de la provincia. La situación incluso fue denunciada ante el Parlamento bonaerense, quien le pidió expresamente al gobernador Solá que lo envíe. Pero nunca lo mandó.
Fdo. Nicolás Fiorentino
No es en despachos ni oficinas dónde debe discutirse nuestro y sueldo y las necesidades de la educación pública. Es en las aulas y en la escuela el lugar de dónde deben surgir las propuestas. Discutamos con nuestros compañeros para impulsar una mejor educación pública. Participemos activamente en las asambleas para poder decidir entre los trabajadores. |
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ELEGI DELEGADOS EN TU ESCUELA. RECUPEREMOS LA SECCIONAL |
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NO AL FRAUDE DE BARADEL EN SUTEBA LA PLATA. NO AL FRAUDE DE LA CELESTE. |
